San Luis Unido va a fondo con las denuncias por el uso irregular de fondos, inseguridad y narcotráfico
El Frente opositor subió a la agenda y quiere tratar por lo menos tres temas que el gobernador Alberto Rodríguez Saá no quiere oír, porque son investigados por la Justicia Federal y constituyen cuentas pendientes de sus casi cuatro años de gestión.
Los legisladores de San Luis Unidos llamaron a los presidentes de los partidos del Frente, candidatos y a la fórmula gubernamental integrada por Claudio Poggi y Enrique Ponce para considerar un paquete de denuncias sobre temas de “gravedad institucional”.
Analizarán el estado en que se encuentran los casos que no son nuevos y definirán los pasos a seguir. La cita es este martes 4 de junio a las 9:30 en la Legislatura y una hora después ofrecerán una conferencia de prensa para dar las conclusiones.
Ante el empeño del Gobierno provincial de sacar de la mesa de debate problemas estructurales como la inseguridad y el avance del narcotráfico, el Frente resolverá un curso de acción.
A dos semanas de las elecciones, Alberto Rodríguez Saá esquiva la agenda de demandas que no atendió en los tres años y medio de gestión.
Elude los temas internos y no habla de su propuesta. En sus apariciones busca polarizar con la gestión de Mauricio Macri y acaba de lanzar un plan para asegurarse el voto joven a cambio de $6 mil mensuales.
Desde la oposición no le pierden pisada al manejo que hace el Gobierno del dinero público.
No quieren que quede en el olvido el subsidio de $80 millones que el gobernador le dio a su cuñada Gisela Vartalitis para que entregara electrodomésticos en la campaña electoral del 2017. En las legislativas los hermanos Rodríguez Saá formaron el binomio oficialista. Adolfo como titular y Alberto fue suplente.
Los expedientes llevan más de un año y medio en la Justicia Federal.
Pero esa no fue la única denuncia que arrimaron al juez Juan Maqueda, que dicho sea de paso está recusado en una causa del PJ por amistad manifiesta con Alberto Rodríguez Saá
A fines de 2018, los diputados opositores denunciaron a la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur y a su gabinete por la “desaparición del tesoro provincial” de $2400 millones de títulos públicos vendidos en 2017.
El último escándalo lo constituyó la maniobra del ministro de Producción, Sergio Freixes quien decidió transferir $50 millones entregados a Sol Puntano en 2019 para comprar heladeras y alambre, entre otras cosas, saltando los procedimientos que regulan las contrataciones en el Estado.
Lo único que se sabe por ahora de ese expediente que llegó al Tribunal de Cuentas es que se corrió vista al contador Fiscal General. En la Contaduría General de la Provincia se hizo una presentación similar, pero no se sabe qué destino tuvo.
En el comunicado emitido hoy por la oficina de prensa del Frente San Luis Unido, se menciona también “la situación de la Policía con el ascenso a agentes vinculados con el narcotráfico”.